El
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la declaración como nulos,
los nombramientos de los cuatro contratos de personal de confianza mediante decretos
dictados por Jorge Romero.
Todo
ello viene a demostrar que el Alcalde pretendía atribuir funciones propias de
funcionarios al personal de confianza, no siendo válido, ningún documento
emitido y firmado por este personal de confianza. De esta manera, pretendía del
mismo modo, eliminar el control jurídico que llevan a cabo los funcionarios. Resulta
difícil de concretar los perjuicios que han tenido lugar con esta decisión del
Sr. Romero, de contratar a estas cuatro personas, las cuales, han emitido
informes tan importantes referentes a temas como el presupuesto municipal, la
relación de puestos de trabajo, las situaciones de los empleados públicos, las
contrataciones públicas, etc.
Hemos
de señalar también, que Romero, tras saber la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo, y ahora confirmada por el Tribunal Superior
de Andalucía, decidió cambiar la denominación de las plazas creadas así como
las funciones de este personal de confianza, así como las retribuciones, las
cuales se han incrementado, para asegurarse el contar con estas personas, para
beneficiar a personas de su entorno. El ejemplo más claro, el nombramiento como
secretario de Alcaldía del hijo del delegado de la zona franca, o a un
ex-empleado de banca que está sustituyendo las labores de intervención
municipal.
Todo
ello, ha llevado al PIBA2000 a impugnar estos nuevos nombramientos de personal
de confianza, que de nuevo, han sido realizados mediante decretos del Alcalde,
llevando a ocupar plazas que corresponden a funcionarios, y mostrando una falta
de respeto hacia la justicia.
Para
terminar, queremos comentar que posiblemente estemos ante un presunto caso de
malversación, debido a que se incrementó las retribuciones de este personal en
contra de lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos del Estado.
Por
ello, ante la posibilidad de que se haya cometido una actuación presuntamente
delicitiva, el PIBA2000, trasladará a la Fiscalía , la cuestión al incremento de
retribuciones del personal de confianza.
