El
PIBA2000, a través de su concejal y portavoz municipal, Miguel Domínguez,
presentó el pasado día 24 de marzo, las alegaciones oportunas y con base en
contra de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) totalmente llena de
ilegalidades. Las alegaciones, entre otros factores, se basan en la no
participación de forma intencionada por
parte del equipo de gobierno, de la organización funcionarial del
Ayuntamiento, a pesar de que dicho equipo de gobierno, era consciente de ello.
De hecho, este equipo de gobierno, ha actuado de forma irresponsable, a sabiendas de que el trabajo sobre la RPT
fue realizado por una empresa externa, que incumplió los plazos previstos en el
contrato, en las condiciones de elaboración y obligaciones asumidas, actuando,
de esta manera, al margen de lo legalmente establecido. Y hay que sumarle,
además, la participación del personal de confianza como si formaran parte del
personal del Ayuntamiento, hasta tal punto que firmado informes como si fuesen
técnicos de este Ayuntamiento. Informes que forman parte del expediente
tramitado para la aprobación de la RPT, vulnerando los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución (at. 23.1).
En su día, fue la empresa Safety
First, S.L., la que se contrata para la realización de la RPT, donde debía
hacer valoraciones de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento. El contrato
de dicha empresa se firma el 11 de marzo de 2011, bajo el gobierno del partido socialista
(PSOE). En dicho contrato se refleja una duración de 4 meses prorrogables a 2
meses más por mutuo acuerdo. Aparte de que la empresa no cumple en absoluto con
las condiciones del contrato, y teniendo en cuenta, que agotado el plazo del
contrato, el nuevo equipo de gobierno andalucista (P.A.) cuando llega a la
Alcaldía, en Junio de 2011, retoma los trabajos de la RPT con esta empresa. Con
este incumplimiento ya se entiende que está fuera de la legalidad. Pero sin
tener esto en cuenta, el Partido Andalucista, al frente del Ayuntamiento, sigue
adelante, añadiendo ciertas modificaciones a capricho político, y entregando la
RPT de forma definitiva el 9 de septiembre de 2013, es decir, casi dos años más
tarde y sin marco contractual alguno que justifique su entrega.
La participación del Alcalde de
cuando decide que órgano se reúne o que cláusulas del pliego de condiciones
técnicas se quieren respetar y cuales no, vemos grave el hecho de que se
prive a los empleados públicos de una revisión de la valoración efectuada por
esta empresa externa. Y encima el Alcalde manifiesta que la empresa ha cumplido
y ha elaborado una RPT en un tiempo record. Ante todo esto, hay una serie de
cuestiones legales que han quedado en el aire. Cuestiones como el hecho de
preguntar bajo que contrato ha salido esto adelante; o de qué cumplimiento de
plazos habla cunado el término del contrato se produce con ocasión de la
entrega de la documentación que se hizo en las fases allá por marzo de 2011 y
legalmente no era posible ninguna prórroga.
Nos gustaría hacer saber a la
ciudadanía que el expediente de la RPT, ha sido manipulado intencionadamente e
ilegalmente; que la elaboración de la
misma, no ha seguido el proceso habitual y legal, tal y como se debería haber
realizado; que el Alcalde ha sido cómplice directo de que se haya proseguido
con un contrato desvinculante con el plazo establecido. También nos gustaría
añadir que el Alcalde presentó informes de Secretaría e Intervención,
provenientes de funcionarios con categoría de Administrativos, y en los cuales
sólo se hace referencia a términos legales básicos pero no directamente a la
RPT. Además añade un informe realizado por un miembro del personal de
confianza, concretamente del "Director Técnico de Políticas Económicas y Financieras
y Presupuestarias", a sabiendas de que sólo los funcionarios pueden
realizar informes válidos para una RPT.
De todo esto, podemos confirmar que
se ha permitido una serie de ilegalidades en relación directa con la
elaboración de la RPT. Prácticamente podemos observar, que se ha permitido
influencia directa de actitudes partidistas y políticas, tratando de adecuarlas
cada uno a su interés particular, sin tener en cuenta una valoración objetiva y
neutral sobre las verdaderas necesidades laborales de la Relación de Puestos de
Trabajo en nuestro Ayuntamiento.
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